General (r) Torres Escalante y 21 militares tendrán que responder por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de cargos contra el general en retiro Henry Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coronel, y otros diez oficiales, además de seis suboficiales, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles, por su presunta responsabilidad en 303 falsos positivos que se registraron en el departamento del Casanare entre los años 2005 y 2008.

En la presentación del subcaso, se determinó que 303 personas fueron retenidas, asesinadas y, luego, presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar. Los pobladores fueron estigmatizados y algunas familias padecieron con intensidad este fenómeno.

Las pruebas recolectadas concluyeron que existió una clara división de las funciones en la Brigada XVI del Ejército la cual fue comandada por el general Torres Escalante. Fue así como sus órdenes que se presentaron a civiles ajenos al conflicto armado como integrantes de grupos subversivos, todo esto, con el único fin de presentar resultados operacionales y lograr así beneficios (viajes, salidas, permisos, traslados), reconocimientos y felicitaciones en su hoja de vida.

Como si se tratara de un cuento macabro, cada unidad militar ejerció una especialización en las bajas. “El Gaula Casanare, por ejemplo, se caracterizó por presentar supuestos extorsionistas como bajas en falsos combates. Sus integrantes, además, se valieron de los engaños y del uso de reclutadores civiles para extraer a las víctimas y cometer el ilícito. Por su parte, los grupos Delta y el Grupo Guías presentaron como bajas en combate a personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla y el Birno seleccionó entre sus víctimas a personas en situación de vulnerabilidad”, detalló.

Para la ejecución de los falsos positivos se “consolidó un sistema de roles asignados en función” de la especialidad de los militares. Para lograr sus objetivos se emplearon diferentes mecanismos, entre estos “el engaño o la retención de personas con antecedentes o anteriormente vinculadas a grupos criminales, o que eran familiares de integrantes de estas organizaciones, o víctimas sin ningún tipo de relación con grupos ilegales o en estado de vulnerabilidad, como sucedió con el asesinato de una trabajadora sexual”.

Muchas de las víctimas estaban en situación de total indefensión. “Los reclutadores las incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes. También porque se seleccionaban perfiles específicos como ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en búsqueda de oportunidades. Bajo estas circunstancias, no medió resistencia de las víctimas que eran llevadas al lugar de su ejecución. La Sala también encontró prácticas de violencia extrema que reflejan situaciones de malos tratos previos a los asesinatos”.

La JEP vinculó a este caso al detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Así como el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.

Fuente: Semana