“Dieron orden de descuartizarnos”: amenazan a reporteros por su labor en Cúcuta
Los periodistas Jonathan Tatán Mojica y Kevin Orozco denunciaron ante Fiscalía y Policía las intimidaciones de las que han sido víctimas por sus denuncias. Aseguran que no tienen garantías para continuar con su labor, que es seguida en redes sociales por miles de nortesantandereanos.
“A uno le llegan denuncias y lo piensa dos veces antes de publicarlas”, explica al otro lado del teléfono Kevin Orozco, periodista cucuteño de El Informante de La Frontera, un medio independiente que funciona en Facebook y otras redes sociales, tan popular que a pesar de contar con pocos recursos alcanza más de 100.000 seguidores. “Siempre andamos cuatro o cinco, detrás de nosotros hay un grupo de trabajo, a veces vamos en dos carros”, agrega Orozco, “Dios no quiera que haya una masacre de periodistas acá en Cúcuta”.
Kevin Orozco realiza con Jonathan Tatán Mojica un noticiero llamado “De frente y sin tapujos”, que se emite diariamente por redes sociales en las plataformas de una veintena de medios independientes de Cúcuta y Norte de Santander aliados de su proyecto.
Mojica, a su vez, dirige otro medio pequeño llamado NotiFrontera, con más de 200.000 seguidores en Facebook. Sus emisiones son reconocidas por el estilo fuerte y coloquial de ambos presentadores, estilo que hace honor al nombre del noticiero, y por revelar escándalos de corrupción o denuncias ciudadanas que, casi siempre, tienen que ver con la criminalidad que agobia a la capital de Norte de Santander.
Por esas publicaciones, que suelen ir acompañadas con reportería desde los barrios y sectores más peligrosos de la ciudad, ambos reporteros aseguran haber recibido al menos tres amenazas de actores armados distintos en el último mes.
El noticiero del 15 de febrero fue una buena muestra de los temas que sacan a la luz. Los titulares contaron el problema de unas obras retrasadas en la pavimentación de una calle que provocaron inundaciones en una zona comercial de la ciudad, pasaron luego a la angustiosa situación de comerciantes y habitantes por las extorsiones y ataques con granadas que los grupos criminales emplean para cobrar vacunas: “Yo no sé si comprar granadas en Cúcuta es como ir a la tienda a comprar manzanas, pero ahora todo el mundo carga granadas”, exclamó Tatán Mojica durante la emisión, mientras seguían las imágenes de artefactos que explotan en medio de la calle o en zonas residenciales a cualquier hora.
Luego desentrañaron una presunta red de corrupción en un centro de salud público que salpica al alcalde y a un congresista. Después revelaron la fotografía inédita del senador Édgar Díaz y la candidata Isabel Torrado en una cena con quien supuestamente sería alias Luis Capricornio, un delincuente señalado de ordenar múltiples asesinatos en la región, y finalizaron con las denuncias de la comunidad del barrio Virgilio Barco, donde apareció el enésimo grupo criminal de la frontera, aún no registrado por la prensa nacional: las Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela.
“Ya estamos cansados de ser el patio trasero de Colombia por muchos años”, se le escucha decir a Kevin Orozco en un momento de la emisión, cuestionando con fuerza a la administración municipal.
La primera de las amenazas llegó a comienzos de febrero, cuando empezaron a recibir unos extraños mensajes por WhatsApp.
“Imagínese, el noticiero se llama ‘De frente y sin tapujos’”, cuenta Tatán Mojica explicando que su labor los ha llevado a incomodar a los grupos ilegales que ejercen el control territorial de la frontera: “en una de esas nos escriben a uno de los teléfonos y piden hablar con nosotros, el tipo da un nombre y un alias, es una persona que estuvo presa en Cúcuta, Girón, Cómbita, Valledupar y ahora está en Yumbo”, asegura, adjuntando una serie de pantallazos que soportan su denuncia ante la Fiscalía.
Este caso es sumamente problemático porque, de acuerdo con Mojica y Orozco, el supuesto criminal, que en algún momento se identificó como integrante del Frente 33 de las disidencias y socio del Cartel de Sinaloa, les exigió publicar información en su noticiero: “Dice que va a cometer una serie de asesinatos, él nos da información de los asesinatos, dice que maneja gran cantidad de sicarios” y posteriormente les pide que “trabajemos de la mano, para que publiquemos lo que él diga”, en un claro intento de instrumentalización de la prensa, que fue denunciado con todas las pruebas por ambos reporteros ante las autoridades.
Luego, al número privado de Mojica llegó un mensaje amenazante firmado supuestamente por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) donde se lee: “Hemos tomado la decisión de tomar acciones así que aténganse a las consecuencias, atentaremos contra todo uniformado que se nos cruce al igual que ustedes los periodistas”.
Este mensaje llegó dos días después de que en su noticiero los reporteros publicaran videos de la comunidad del Cerro La Cruz, en la Ciudadela Juan Atalaya, realizando una asonada para impedir que el Ejército y la Policía capturaran a un miliciano del ELN identificado como Juan de Dios Bautista, alias Bam Bam, encargado de extorsiones y el control territorial en una populosa zona de Cúcuta.
Lo curioso, según ellos, es que dicho mensaje no circuló por ningún otro medio, ni llegó a otros periodistas de la región, sino única y exclusivamente al número personal de Tatán Mojica.
El 7 de febrero el noticiero “De frente y sin tapujos” publicó las denuncias de comerciantes cucuteños asolados por la banda criminal venezolana Tren de Aragua, que extorsiona y atenta contra quienes se niegan a pagarle, lo que desembocó en una nueva amenaza.
Una de sus fuentes los contacto para avisarles que varios integrantes de esa banda “dieron orden de descuartizar y dar de baja a todo el que hable mal de ellos” por “las publicaciones” que se habían hecho en el noticiero.
Todas las amenazas ocurrieron en los primeros días de febrero y han limitado severamente las actividades de ambos reporteros, como denunció la Fundación para la Libertad de Prensa, una “situación que los pone en riesgo y afecta el trabajo de todo el equipo periodístico”.
La respuesta de las autoridades
“A raíz de todo esto yo tomo la decisión de contratar un escolta privado, porque la Unidad Nacional de Protección demora tres meses haciendo el proceso de solicitud, es bastante largo”, dice Mojica. “En ese tiempo la Policía tomó unas medidas de precaución, ir a la oficina, tomarnos unas firmas, colocar un cuadrante a disposición para los desplazamientos, pero ellos a veces están ocupados”.
Para ellos el asunto es simple: las amenazas restringen su movilidad y los obligan a la auto censura, lesionando gravemente la libertad de prensa en una de las regiones más inestables del país, donde hay pocos recursos para el periodismo independiente y en general pocas coberturas.
“Este es un año electoral, tenemos pronosticado visitar la zona del Catatumbo, queremos hacer debates y entrevistar a los candidatos, para que la comunidad esté informada”, agrega Kevin Orozco, recalcando que su estilo frentero de presentar el noticiero ha sido reconocido por una audiencia que los sigue y difunde: uno sólo de sus videos tuvo casi un millón de vistas, según él.
“Mostramos la noticia con los rostros, con un trabajo investigativo, con un estilo fuerte, de mostrar pruebas, señalamientos, pero el tema de la libertad de prensa es bastante complicado. Somos muy de terreno, si hay una protesta en la ciudad vamos, si hay un paro campesino vamos. Este es nuestro sustento diario, no podemos quedarnos en una oficina encerrados por el miedo a salir a dar una noticia”, concluye.
En un oficio, la Gobernación del Norte de Santander contestó que había activado una ruta de protección en favor de ambos reporteros, aunque este trámite ante la Unidad Nacional de Protección es lento y puede tardar hasta tres meses, pues Tatan Mojica ya lo había activado años antes por una amenaza del grupo delincuencial Los Rastrojos.
La Policía informó haber realizado actividades de inteligencia para precisar quiénes son los autores de las amenazas, así como labores de policía judicial para esclarecer los hechos. Agregaron que ofrecieron medidas de “autoprotección, rondas policiales y plan padrino” y que “se implementó medida preventiva por medio de los cuadrantes por la vida”. También ofrecieron acompañamiento policial a los reporteros cuando estos tuvieran que desplazarse a barrios y otros sectores de Cúcuta.
Orozco cree que “no es lo mismo que un periodista desde Bogotá denuncie los temas del Catatumbo o de la frontera, a que lo haga acá, en donde nace el foco de la inseguridad, estamos en donde nace la noticia, acá está el nido de esos grupos, no tenemos garantías”.
En Cúcuta opera una decena de estructuras ilegales que van desde bandas narcotraficantes hasta guerrillas como el ELN y disidencias de las extintas FARC, sumadas al crimen trasnacional que llega desde Venezuela. Según la opinión de ambos, las autoridades han desestimado y restado importancia a estas amenazas.
“Toca esperar que nos maten a los dos para que reconozcan que hay grupos armados”, dice Tatán, quien clama para que las autoridades actúen y les brinden protección: “Nosotros no nos callamos nada: si nos llega la información la sacamos, pero pedimos garantías para informar”. Mientras tanto, ambos siguen empuñando el micrófono, su única arma, de frente y sin tapujos.
EL ESPECTADOR