De cocaína a cemento: la solución de Ecuador para deshacerse de la droga incautada
En las bodegas del Ministerio del Interior de Ecuador la droga incautada entra más rápido de lo que se puede destruir. En 2021, la Policía Antidrogas capturó 210 toneladas de sustancias ilícitas, y para septiembre de 2022, solo había logrado deshacerse de menos de la mitad. Los centros de acopio colapsaron con otras 200 toneladas más que se incautaron en diferentes operativos de ese mismo año, lo que representó un riesgo para la seguridad de los custodios, que fueron blancos de atentados por los grupos criminales que intentaron recuperar la mercancía. La respuesta a qué hacer con tanta cocaína la encontraron en el método de encapsulamiento, en el que destruyen la droga y la mezclan hasta convertirla en bloques de cemento.
El país sudamericano vive una crisis de inseguridad al ser usado como plataforma para el tráfico de drogas por carteles mexicanos y enfrenta el desafío de eliminar con rapidez las cientos de toneladas de sustancias incautadas para evitar su reinserción al mercado ilícito. El método tradicional que usaba el Gobierno ecuatoriano era el de incineración; sin embargo, no conseguía destruir grandes cantidades.
“Incinerar 70 kilos de clorhidrato de cocaína toma un tiempo aproximado de una hora, por las condiciones químicas de la droga”, explica Edmundo Mera, subsecretario de Sustancias Sujetas a Fiscalización del Ministerio del Interior. Mientras que con el método de encapsulamiento se puede destruir en el mismo tiempo hasta 1,8 toneladas, esa cantidad en el horno tomaría dos semanas, “es 270 veces más rápido”, dice Mera. Así, de 450 toneladas de drogas destruidas en los últimos dos años, 369 se han hecho por encapsulamiento, que consta en los protocolos de la Oficina de Drogas de Naciones Unidas y que Ecuador ha adaptado para realizarlo a gran escala.
Pero no toda la droga incautada puede ser destruida bajo este método. “Hay cierta condición de la droga que no se puede encapsular, como la cocaína que está envuelta en caramelitos. Esa no se logra pulverizar al 100% porque los paquetes son muy pequeños”, dice Mera.
Para este proceso el Gobierno ecuatoriano contrató a uno de los pocos gestores ambientales autorizados, que tiene las instalaciones cerca de Quito, el problema es que el 80% de las incautaciones que hace la Policía Antidrogas es en los puertos de Guayaquil, que está a ocho horas de la capital. Por cada captura de droga se abre un expediente judicial, que se asigna a diferentes jueces que deben viajar como veedores del proceso cuando se destruye.
“El juez se demoraba en asignar la fecha de la destrucción porque él y su secretario tenían que viajar y estar dos semanas fuera de su despacho”, dice Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, pero ahora los jueces pueden regresar el mismo día o delegar a uno que esté más cerca del gestor ambiental. Eso se consiguió con la aprobación de un protocolo de actos urgentes entre el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura, organismo que administra la justicia. “Hemos podido juntar hasta ocho toneladas de drogas que obedecen hasta mil casos y han sido destruidas en un solo día, en un solo viaje”, afirma Mera.
