Atención: ELN arremete nuevamente contra la política de ‘paz total’ del presidente Petro

“En el marco de la denominada ‘paz total’, un proyecto de ley pretende que estructuras que ejercen violencia sistemática por razón de negocios de lucro y acumulación de capital, tengan el ropaje que el Derecho Internacional solo otorga a partes contendientes; así, implica dos grandes trampas el plausible objetivo de desactivar con método dialógico a grupos criminales que han crecido exponencialmente, por la propia inmersión estructural en la miseria, por la exclusión que rodea a miles de muchachos dedicados al narcotráfico”, dicen en el comunicado.

La molestia de los elenos radica en que ellos tienen un estatus político, mientras que las bandas criminales no, pero a su juicio, el Gobierno del presidente Petro les dará ese tratamiento.

“La referencia a la ‘ilegalidad’ del ELN resulta innecesaria, sabemos que la hace el Estado para recargar la explicación que da a su propia presunción de ‘legalidad’, naturalmente la insurgencia revolucionaria es ‘ilegal’ a la luz de las reglas dominantes, si no fuera contraria a la ley del régimen, no sería en nada rebelde; sin embargo, seguir en ese énfasis de ‘ilegalidad’ como antesala señala dicho objetivo de equiparación antepuesta o precedente, para notoriamente suponer no solo la legalidad preeminente del Estado sino la ficción de su legitimidad”.

Agregan que “un horizonte de salida política dialogada y negociada podrá generar una nueva legitimidad, no antes, el ELN mantiene sus propias normas, sus estructuras, sus programas, su sistema de resistencia, por lo tanto, la legitimidad no deriva de la capacidad de fuerza sino de los valores de un proyecto político e histórico que supere el desastre del DDR, Proyecto de una Colombia democrática, sobre el cual esperamos poder conversar para encaminar los cambios de fondo que el pueblo necesita”.

La guerrilla del ELN resume su molestia en dos puntos que fueron dados a conocer en su comunicado:

“Primera: calificar a bandas del crimen organizado sin motivaciones de alzamiento armado, conectadas con los intereses de las élites, como si fueran organizaciones de oposición, amparándose de forma retorcida en requisitos convencionales del Derecho Humanitario, hablando por ejemplo de “control territorial” o “dirección de un mando responsable”, como si el mando fuera quien dispara, el sicario, y no quien organiza esas redes en unas áreas con presencia estatal; se hace abstracción de dónde están las grandes fortunas amasadas con el despojo y dónde viven los determinadores, que ya hablan abiertamente de emprender el reciclaje paramilitar, como Lafaurie de Fedegán lo anunció hace pocos días, incluso la Comisión de la Verdad en su disgregado informe, reconoce quiénes promueven ese fenómeno y recientes reportes más exactos de otras entidades lo ratifican.

Segunda: formular en general un plan de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR), no solo destinado formalmente a esas estructuras instrumentalizadas por los de arriba en función de sus patrimonios y garantías, sino más a fondo dirigido a la insurgencia del ELN para eliminarla, o sea, el modelo que se aplicó a las Farc recientemente y que ha sido reconocido como un fracaso.

Una cosa es pensar en desarticular estratos de algunas bandas criminales, siendo Colombia el Segundo país del mundo con más cantidad de ellas, y otra cosa es servir a la impunidad y beneficios de grandes capos ligados a poderosos sectores económicos, políticos y de las Fuerzas Armadas, dejándoles intocables en las sombras y también a un lado la responsabilidad de crímenes de Estado y el Genocidio continuado ampliamente documentado.

Una cosa es reconocer el Conflicto Armado del régimen con el ELN y nuestro derecho a preservar la cohesión social y la resistencia construida en décadas con el pueblo en los territorios, y otra propagar la tesis cuyo laboratorio internacional es Colombia ―no aplicada a otros países con dinámicas de violencia descomunal―, según la cual hay que contar cuántos grupos funcionan para, en una aritmética escolar, concluir que esa misma cantidad es la que corresponde a los ‘conflictos bélicos’; así, si son seis conjuntos en ese contexto, erróneamente se dice hay seis ‘guerras’; esta es una lectura apócrifa que desnuda el propósito de equiparar una organización rebelde y sus acumulados, con la acción de paramilitares o de narcotraficantes, o sea, de delincuentes comunes, y de diluir la responsabilidad del Estado colombiano y de Washington, que articulan diferentes escuadrones y cadenas de mercenarios en su política contrainsurgente, de esto no se menciona ni una palabra en el Proyecto presentado al Congreso”.

Por esa razón, los integrantes de esa guerrilla creen que el Derecho Internacional no aplica para las bandas delincuenciales y que el Gobierno debe tener clara esa diferencia para avanzar en su política de paz total.

“El ELN no solo está de acuerdo, sino que ha promovido el Diálogo Nacional de todos y de todos los temas, así como con transparencia abogamos por Acuerdos Humanitarios, pero este instrumento de Derecho Internacional, no autorizado su uso para bandas delincuenciales, debe mantenerse entre beligerantes que expresan poderes diferenciados y antagónicos, con capacidad real de pactar y de dar cumplimiento; por lo tanto, distinguirse de lo que son propósitos de sometimiento judicial que sí deben propugnarse en relación con dichas bandas, ninguna de las cuales disputa en términos históricos la legitimidad del régimen, como sí lo hace el ELN, razón por la cual somos rebeldes y tenemos nuestra juridicidad, así como unas construcciones sociales y políticas de proyección de país”, señalan.

Esta comunicación de la guerrilla se da como respuesta a la radicación de la modificación de la ley de orden público donde se incluyó un capítulo especial para las posibles negociaciones de paz con diferentes actores delincuenciales.