La polémica Ley de humanización de cárceles ha golpeado severamente a la ciudad de Bogotá, en lo que se considera uno de los actos más letales del gobierno de Petro. Resulta sorprendente, ya que se trata de una Presidencia que fue elegida con el respaldo de la misma ciudad.

La revista SEMANA ha revelado por primera vez el impactante número de presos que serían liberados en Bogotá si se aprueban los beneficios penales propuestos por Petro. La cifra asciende a 6.342 delincuentes condenados por diversos delitos, que la lógica indica deberían cumplir penas privativas de libertad en lugar de recibir beneficios.

Lo aún más alarmante es que tres de los delitos favorecidos por esta reforma son precisamente aquellos que más preocupaciones, lamentos y frustraciones generan en la ciudad: hurto, extorsión y microtráfico.

 

En aplicación del principio de favorabilidad, se liberarán en Bogotá 3.944 condenados por hurto calificado, 400 por extorsión y 1.998 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

 

Más allá de la indignación que esto despierta, aún hay más aspectos preocupantes en esta reforma. Por ejemplo, los recursos necesarios para supervisar a los delincuentes en libertad son significativos y podrían desperdiciarse si no se lleva a cabo una verdadera resocialización.

El gobierno ha manifestado en repetidas ocasiones que no destinará recursos para construir nuevas cárceles, argumentando que la Ley de humanización es necesaria para combatir el hacinamiento en los centros de reclusión. Sin embargo, en lugar de construir nuevas instalaciones, el gobierno ha optado por liberar a los presos. Es como combatir el hacinamiento hospitalario enviando a los pacientes a sus hogares.

La resocialización de los delincuentes debería ser un objetivo prioritario para la sociedad. Sin embargo, abordar este tema con ingenuidad o romanticismo atenta contra el propósito mismo de la resocialización y no contra ese llamado «populismo punitivo» al que ciertos sectores, incluido el Ministerio de Justicia, se oponen. Resulta incomprensible para ellos que haya personas que consideren normal que un criminal cumpla una pena de prisión por sus delitos.

Estos defensores de posturas románticas prefieren un mundo en el que el deseo de venganza, que según ellos representa la cárcel, no se materialice. Para ellos, es mejor que el delincuente repare a su víctima, muestre remordimiento y se reintegre a la sociedad, alejado de actividades delictivas como el robo de teléfonos, la extorsión o la venta de drogas a menores. Esta visión, aunque deseable, es desafortunadamente una utopía.

¿Dónde queda el proceso de resocialización si el mensaje transmitido es que la impunidad prevalecerá sobre la justicia misma?

 

Aquellos que consideran que la cárcel es una forma de venganza de las víctimas y no una medida preventiva para la seguridad de la sociedad, pasan por alto una verdad eterna: la cárcel siempre será necesaria. Es por eso que la Ley de humanización de cárceles no puede aplicarse a abusadores sexuales, feminicidas o responsables de delitos de lesa humanidad.

 

La justicia también tiene la función de combatir la criminalidad, un aspecto que esta reforma está pasando por alto. La cárcel misma, como símbolo, disuade a los ciudadanos de sobrepasarse y violar la ley, algo que difícilmente logrará una visión idealista de resocialización sin un castigo ejemplar.

El debate está sobre la mesa y se ha caracterizado por la falta de transparencia. Algunos han mentido al afirmar que esta propuesta de excarcelación no implica liberar a los presos, mientras que otros han ocultado a Colombia la cantidad de individuos que saldrían a las calles este año. Si realmente creen en sus posturas, deberían hablarle al país con claridad. Evitarlo solo provoca una justificada alarma. Por ejemplo, en Bogotá, la liberación de 6.342 presos sería un verdadero infierno para la seguridad.

La ciudadanía espera que se priorice la protección y el bienestar de la sociedad. La seguridad de Bogotá no puede ser sacrificada en aras de un enfoque excesivamente benevolente hacia los delincuentes. Es hora de buscar un equilibrio entre la resocialización y la justicia, garantizando que quienes han cometido crímenes graves cumplan condenas adecuadas. La ley debe ser un reflejo de la realidad y una defensa de los derechos de las víctimas y de todos los ciudadanos que anhelan vivir en una sociedad segura y libre de delitos.