Ministro de Justicia hace esta propuesta y estalla polémica: los presos saldrían a trabajar en el día y volverían a las cárceles en la noche
El artículo 148 del borrador del proyecto de ley que busca una justicia restaurativa en Colombia ya promete ser el centro de una gran polémica. En uno de sus apartes se menciona la posibilidad de que los presos, que cumplan una serie de requisitos, puedan salir a trabajar en el día y volver a los respectivos centros penitenciarios en la noche.
El artículo, titulado ‘Libertad Preparatoria’, fija una serie de condiciones para recibir este beneficio. Los internos tienen que pasar por un proceso de resocialización, haber cumplido la mayor parte de su condena y no tener sentencias relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad, la administración pública y los más graves que señale el Código Penal.
Los internos podrán trabajar en empresas o fábricas avaladas y vigiladas por el Estado. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, calificó esta propuesta como un sistema de premios que busca fomentar la reinserción a la sociedad y evitar que estén tanto tiempo privadas de la libertad. “Sale a trabajar y vuelve a la cárcel a pasar las noches y fines de semana”, señaló en entrevista con Noticias RCN.
El artículo indica, textualmente, que “al condenado se le podrá conceder la libertad preparatoria para realizar actividades comunitarias de reparación o trabajar en fábricas, empresas o con personas naturales y siempre que estas colaboren con normas de control establecidas para tal efecto”.
Proyecto de Política Criminal y Penitenciaria by Rafael Pérez-Becerra on Scribd
El borrador del proyecto está en la etapa de rediseño recibiendo comentarios y sugerencias de expertos. Se espera que en las próximas semanas sea presentado al Congreso de la República que, tras los debates exigidos, definirá si lo aprueba en su totalidad, realiza algunas modificaciones o lo tumba.
El artículo va más allá e indica que el interno que quiera acceder a este beneficio tiene que cumplir más del 40 % de la pena efectiva. “Antes de concederse la libertad preparatoria el Consejo de Evaluación y Tratamiento estudiará cuidadosamente al condenado, cerciorándose de su buena conducta anterior por lo menos en el último año, de su consagración al trabajo y al estudio y de su claro mejoramiento en el proceso de su readaptación social”.
De esta forma se buscará garantizar que los internos cumplan su jornada laboral y regresen a los centros carcelarios, evitando así una fuga que podría afectar el proceso de resocialización y confianza en la política del Estado.
Otros apuntes de la justicia restaurativa
En agosto pasado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó apartes de su propuesta, indicando la necesidad de promover el perdón y la reinserción. En otras palabras, se pretende que la víctima y el victimario lleguen a un acuerdo, exista una rebaja de pena, se reduzca el hacinamiento carcelario ―con una sobrepoblación de 16.182 reclusos, de acuerdo con el Inpec― y, de paso, se descongestione el sistema judicial.
Sobre el terreno, nadie se imagina conciliando con un delincuente el robo de su teléfono celular. Menos hacerle seguimiento para que cumpla con los pagos de la factura. Al fin y al cabo, cuando el ladrón acude al ‘raponazo’ es porque no tiene condiciones económicas. ¿Qué ocurrirá con el delincuente que no tenga dinero para pagar? El Gobierno tiene que ser creativo, señala el abogado Francisco Bernate.
“Si el señor no tiene trabajo, a la víctima tampoco le servirá que el ladrón vaya preso. Tenemos que pensar en trabajo social”, explica. Ese es uno de los tantos interrogantes que deberá resolver Osuna, cuya iniciativa permanece en su cabeza, pero aún no está escrita en un proyecto de ley que tendrá que pasar por el Congreso, en el que corre el riesgo de ser satanizada.
Aunque el ejemplo del robo del celular jugó en contra del ministro, el grueso de abogados penalistas respalda la justicia restaurativa y considera que no es ninguna locura porque beneficiaría a aquellos victimarios que cometen delitos menores, no acuden a la violencia ni han reincidido en los últimos cinco años. Es decir, no tendrían cabida los violadores, atracadores y extorsionistas que intimidan a sus víctimas con cuchillos o armas de fuego.
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